La implantación de la dictadura franquista y de su política autárquica supuso una ruptura del modelo de desarrollo agroexportador y comercial que había caracterizado al Archipiélago. La actividad económica se vio semiparalizada, se impuso el racionamiento y, al mismo tiempo, el poder adquisitivo de los salarios se hundía y los precios experimentaron alzas acentuadísimas. En este escenario, la corrupción y el mercado negro camparon a sus anchas, lo que determinó un hundimiento generalizado de las condiciones de vida de la población.